Todos sabemos lo que significa caro como antagónico de barato. Algo es caro cuando nos cuesta mucho y no se nos hace tan fácil comprar. Pero caro también significa, caro amigo, cara amiga, persona querida, estimada, apreciada. Se me ocurre que criar un hijo tiene mucho de las dos cosas, de caro por querido y deseado aunque su venida no siempre haya sido buscada (cuántas historias recónditas se alojan en la intimidad de las parejas), y caro en el sentido auténtico de “expansive”, de su elevado coste en el largo período de su permanencia bajo la protección de sus progenitores (educación, estudios, alimentos, ocio, salud…).

Creo que no se nos hará tan lejano y desconocido el eco de alguna exclamación en momentos calientes de expresar aquello de “que me sales más caro que un hijo t…”. Es una manera como cualquier otra de protestar ante la avalancha de demandas familiares que vacían antes de tiempo el presupuesto familiar. Alguna vez nos hemos preguntado cuánto cuesta un hijo y hemos contestado que “todo”, porque no deja de ser algo ilimitada la capacidad de gasto en una sociedad consumista como la que nos toca vivir, y a veces añadimos (o nuestra pareja nos añade) lo de “al fin y al cabo es para los hijos…” y “por la paz un avemaría” del refranero.

Vienen estos comentarios introductorios a propósito de un estudio cuya referencia me llega y que se pregunta ¿cuánto cuesta atender a un familiar con discapacidad intelectual? Estoy refiriéndome a un estudio del que se responsabiliza La Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (FEAPS) y que calcula en 24.237 euros anuales el sobreesfuerzo económico medio que deben hacer las familias para atender a las personas con dicho perfil de discapacidad.

Se atribuye como una de las razones del sobrecoste los “recortes” en la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y los “copagos” a los que se ha de hacer frente en muchas Comunidades Autónomas, lo que sitúa a las personas con discapacidad intelectual y sus familias ante un claro riesgo de exclusión social. Estamos hablando de una cantidad promedio que será tanto mayor cuanto mayores sean los apoyos que debe de recibir una persona pudiendo cifrarse en 16.082 € un Grado I hasta 47.129 euros anuales el coste añadido por proporcionar los debidos cuidados en su domicilio a una persona con el Grado III de discapacidad.

Es el resultado de los menores ingresos de las propias personas con discapacidad intelectual por cuanto solo una de cada cuatro trabajan a nivel estatal y cuando lo hace obtiene una retribución inferior al de una persona sin discapacidad; se añaden costes derivados de la propia discapacidad como los de farmacia, transporte y cuidados y en las Comunidades Autónomas que así lo hayan dispuesto la repercusión en la economía familiar del copago por los servicios “de primera necesidad” que precisan estas personas.

Se dice, y cobra todo su sentido viendo los datos, que el empeoramiento de la situación familiar puede acarrear su empobrecimiento y riesgo de exclusión ya que no sólo supone un mayor desembolso como el comentado sino que limita por definición las posibilidades de la familia (o de alguno de sus miembros con un signo de género evidente) para trabajar fuera del hogar. Es decir que se pierden oportunidades laborales o estas deben de limitarse a jornadas reducidas al tener que asumir de manera directa el apoyo a la persona afectada y no poder pagar a otra tercera persona por estos cuidados.

Y ahora que tenemos toda la clase política enfrascada en echarse los trastos a la cabeza unos a otros en un espectáculo bochornoso y despreciable y sin que nadie hable en serio de estas cosas que son el día a día de muchos ciudadanos, se lanza la “iniciativa legislativa popular” NO AL COPAGO CONFISCATORIO (#NoAlCopagoConfiscatorio) que pretende recoger 500.000 firmas exigiendo las modificaciones legislativas oportunas para que pasen a ser pasado los sistemas de pago por los servicios tal como se están concibiendo.

Creo que aunque en nuestro entorno más próximo la situación no sea tan cruda como la recogida en el estudio referido, no está de más poner nuestras barbas a remojo (cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar) sumándonos a esta marea de peticiones justas. Todo ello en tanto continúan sin tregua los rifirrafes de la campaña (interminable) política. ¿Qué te parece?