Pero, ¿a quién? ¿Quién decide quién encierra a quién? Y ¿para qué? ¿buscando qué? Me incluyo entre los muchos ciudadanos de cualquier parte del mundo que en algún momento hemos pensado o incluso expresado eso de que “ese está para que lo encierren…” pero…

Esta introducción pretende tener que ver con algo que veo asoma en la prensa y que es el anuncio de que el Ministerio de Justicia está preparando una (otra) revisión del Derecho Penal por la que entre otras cosas se puede llegar a establecer que cumplidos determinados trámites por parte del Juez y a instancias del Fiscal una persona aquejada por una “enfermedad mental” o incluso por una discapacidad intelectual puede ser objeto de prórrogas en su primer “internamiento” con un máximo de cinco años que se pueden ir concatenando por períodos similares a lo largo de todo el resto de su vida por la simple razón de que a la primera condena (o decisión judicial) se le suma una presunción de peligrosidad por la que la persona seguiría “encerrada” no por lo que ha podido hacer (delito concreto de que se trate) sino de la peligrosidad presumida (leo que es algo así como sustituir el derecho penal basado en hechos por el de autor).

Claro que habrá cautelas previstas, pero ¿qué se puede pensar cuando se interpone un “carcelero” en el lugar del “rehabilitador”? ¿Cómo aceptar que el “sistema” en una nueva apuesta de base “ideológica” haga primar la “seguridad” sobre la rehabilitación y la reinserción, justo lo contrario al monumental esfuerzo acumulado por el tercer sector y la sociedad en general para la inclusión de los que “tienen problemas?

El debate no es fácil, y seguro que habrá voces documentadas para optar por opiniones contrarias y legítimas. Pero en estas líneas no puedo evitar decir que tengo mucha más confianza en la opinión que defienden y defenderán el movimiento social, asociativo y profesional del sector de la atención a la enfermedad mental que en iniciativas gubernamentales que buscan con el recurso a la “seguridad” votos en su clientela más fiel.

No puedo aceptar la renuncia a la “presunción de capacidad” que pregonamos para cambiarla por una “presunción de peligrosidad”. Los que saben nos dicen que no se ha de confundir la psicopatía con el trastorno mental. Que hemos de evitar  relacionar peligrosidad con enfermedad mental. ¿Qué opinaríamos si se nos dijera que cuando sucede “algo” no deseable puede que se deba a un diagnóstico no realizado, a un tratamiento médico no aportado más que a la voluntad del “paciente”? ¿Quién sería entonces culpable?

¡Qué tema más difícil y qué peligro que caiga en manos de posiciones políticas en lugar de su adscripción al área sanitaria y social!

Mientras, algunos que con sus decisiones a todas luces “injustas” han provocado muertes por “suicidio” de personas que no han podido soportar la desdicha sobrevenida, seguirán paseando por nuestras calles sin ningún atisbo de que nadie les encierre.

¿No va siendo hora de ponernos un poco serios con la degradación organizada de nuestro sistema de protección? ¿Quién encierra a quién?