Es uno de los dilemas al que nos debemos enfrentar los que asumimos responsabilidades en la gestión y “definición” de lo que son y debieran ser los llamados “centros especiales de empleo”, que por cierto son más empresa que centro.

Nos podemos preguntar: ¿son especiales? ¿tienen alguna especialidad, especificidad? Se les empezó a llamar especiales en la Ley 13/82 de Integración Social de los Minusválidos, a lo que se venía reconociendo como trabajo protegido, empresas protegidas. ¿Protegidos por dar trabajo a los “desprotegidos”? O ¿financieramente protegidos por la asignación de ayudas económicas públicas o subvenciones? ¿Quedan hoy en día muchos sectores que no estén o hayan estado protegidos desde el sistema público? ¿No lo están acaso nuestros bancos y todo el sistema financiero, el sector energético y tantos y tantos otros? ¿Cuántos sectores no sobrevivirían sin su correspondiente partida en los presupuestos del Estado? Pues si el estar “protegidos” no nos distingue tanto, veamos qué tenemos de especiales.

Entiendo que lo somos, especiales, por la especial dificultad de las personas con discapacidad que empleamos, y esa dificultad se constituye en elemento fundamental para justificar la existencia de una normativa legal, que regula la “relación laboral especial de los minusválidos en centros especiales de empleo”. Y lo somos por historia, por el origen fundacional y vinculación a la iniciativa social sin ánimo de lucro. Pero ¿deben ser tratados también como especiales los proyectos empresariales con ánimo de lucro? Es de hecho una pregunta que cobra mayor sentido cuanto mayor está siendo la proliferación de iniciativas con ese signo.

En esa nuestra especialidad, estamos obligados a aportar entre otros servicios lo que la legislación llama “servicios de ajuste personal y social” al servicio de la formación y acompañamiento de los trabajadores con discapacidad en su itinerario laboral que debe de tender por definición a su mayor proximidad a los estándares normalizados del mercado de trabajo.

Este conjunto de notas que en su conjunto configuran ese carácter especial, es el que abre las puertas a la exigencia de ayudas públicas que deben de permitirnos cubrir, por una parte la menor productividad en términos de valor añadido que producen por distintas razones estas personas (limitaciones de capacidad, actividades de poco valor, empresas poco eficientes…) y por otra parte financiar los costes de supervisión, formación y acompañamiento especializado que se requieren en mayor medida cuanto mayor sea el grado de dificultad de la persona empleada.

Pero ¿tienen el mismo sentido estas ayudas como se hace en algunos centros cuando se emplea a personas casi “normales” (mínima discapacidad) y se ofrece su trabajo a menor precio y desde empresas con finalidad lucrativa, gracias a la minoración de costes que se deriva de la aplicación de subvenciones? El bajo coste puede tener su razón de ser cuando nos planteamos el objetivo de reducir el diferencial, en términos de empleo del colectivo de personas con discapacidad respecto de la población activa total (más del doble de desocupados y desempleados), pero el “low cost” como intrínseco al propio sistema sin más consideraciones “especiales” que servir al beneficio privado y empresarial, puede y debe de plantearnos muchas dudas en estos tiempos en los que se está hablando de revisar las políticas públicas de empleo a aplicar al sector de la discapacidad y las fórmulas para favorecer su inserción laboral.

Clarifiquemos pues qué apoyamos, a quién, para qué y en qué cuantía porque la vaca parece que no da ya más leche.