Supongo que forma parte de la falta de conciencia ciudadana, del desconocimiento “incentivado” sobre las reglas de juego de la economía, pero me sucede que cada vez son más las ocasiones en las que en una tertulia o en una conversación de amigos y/o familiares, tengo que recurrir a preguntar ¿“y esto quién lo paga”?

Entiendo que al menos los de mi generación hemos crecido al amparo de esa creencia de que al “estado” había que pedirle, exigirle, la provisión gratuita de un sin fin de soluciones y prestaciones fáciles de justificar y argumentar todas ellas, y a las que nos han acostumbrado a contestar desde una cultura política muy paternalista y de corto plazo afirmativamente año tras año, reivindicación tras reivindicación.

Pero, ¿cómo se pagaba ese comportamiento? En los años de bonanza económica, frecuentes y sostenidos en las últimas décadas, parecía obvio que el crecimiento se podía financiar aunque esto se hiciera a costa de la inflación y sus consiguientes ajustes en forma de devaluación. Años de bonanza que permitían perfeccionar el sistema fiscal para conseguir los ingresos necesarios mediante la solidaridad de los contribuyentes y la insolidaridad escondida de los defraudadores, y en cualquier caso mediante el recurso al crecimiento, insoportable por lo que vemos ahora, de la deuda pública. Y hemos vivido, así creo yo, en esa burbuja de pensar que todo marchaba más o menos bien hasta que se nos ha obligado a enfrentarnos a la pregunta de ¿quién paga esta ronda?¿cómo se paga todo esto?

Y deuda debe de ser lo que se debe, y pública debe de querer decir que al ser asumida por el estado (sin nuestro permiso pero quizá con nuestra complacencia) ésta se “socializa” y se convierte en “cosa de todos”, por lo que a repartir toca.

A la cosa de todos los romanos la llamaron “res publica”, es decir “república”, y se supone que hace referencia al gobierno por los ciudadanos a través de sus sistemas de representación de los temas que les incumben. Pero cada día vemos con más claridad que esta representatividad más teórica que real está siendo usurpada por una oligarquía financiera, por una “elite extractiva” que proponen otros, que tras arrastrarnos a un sinfín de aventurar financieras y despropósitos varios, terminan prorrateando entre todos, mejor dicho entre todos los que figuramos en la nómina de contribuyentes declarados (los otros siguen sin aparecer), el montante de la deuda resultante del fiasco en el que se ha terminado por convertir aquella otrora gloriosa iniciativa.

Y a repartir, y a pagar, toca. Se pueden poner muchos ejemplos, pero valga uno que me parece ilustrativo. En un reciente estudio hecho público por la nada sospechosa Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se da el dato de que la suma de ayudas públicas al sector financiero español alcanza tal cifra que repartido (a escote) entre todos los ciudadanos supone una cuantía de 2.623 euros por habitante. No entro a valorar, porque ni me toca ni me alcanza, hasta qué punto era necesario. Pero lo que sí se es que esto, como otras muchas cosas, las pagaremos, las estamos ya pagando entre todos.

Y si además añadimos otro dato también recién publicado que viene a decirnos que la deuda española (nos incluye) sigue aumentando a pesar de los recortes a razón de 390 millones de € cada día, es decir 16 millones a la hora, sólo sé que por mucho que repartan no nos va a llegar y que sin remedio trasladaremos a futuras generaciones las consecuencias de los desequilibrios vividos.

Así es como lo veo en un día gris a orillas del Cantábrico y tras perder en nuestro estreno en Champions. Y qué menos que la felicidad también vaya a escote.